SENTENCIA HISTÓRICA: UNA VICTORIA MEDIOAMBIENTAL

 

Una noticia que podría llegar a tener trascendencia mundial ha ocupado el 20 de diciembre de 2019 una pequeño espacio en las páginas de la prensa generalista.

Urgenda, una ONG medioambiental holandesa,

ha conseguido que el Tribunal Supremo de su país obligue al gobierno a reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 25% por ciento respecto a las de 1990.

Así es, el Tribunal Supremo holandés ha ordenado al Gobierno la reducción de los gases de efecto invernadero a partir del 1 de enero de 2020, porque considera que “debe proteger al ciudadano del deterioro del entorno y que la lucha contra el cambio climático es un asunto de interés general”.

 

La primera vez en el mundo

 

En 2013, Urgenda demandó al Gobierno apoyada por un millar de denunciantes. Era la primera vez en el mundo que un grupo de ciudadanos se basaba en la legislación europea sobre derechos humanos para exigir que se redujera la contaminación.

En 2015, el juzgado le dio la razón a la ONG y sentó un precedente mundial.

El fallo señalaba que las autoridades “tienen la obligación de proteger a la ciudadanía contra actividades industriales dañinas, porque de no hacerlo, la actual generación verá peligrar su vida y su vida familiar”.

 

¿Una sentencia ineludible?

 

El Tribunal Supremo holandés ha dictado una sentencia ineludible: y no cumplir con ella tendría consecuencias legales para los responsables políticos de ejecutarla.

En palabras de Marjan Minnesma, directora de Urgenda:

“Hemos apelado a los derechos humanos, desprotegidos cuando un Gobierno no hace lo bastante para combatir la contaminación. Ahora hay un mandato legal claro y un meta, el año 2020, para cumplir con la obligación de proteger la vida del ciudadano.

La gente quiere soluciones, y nuestro caso ha inspirado a otros grupos en diversos países. Me gustaría que quedara claro que, entre todos, podemos lograr la reducción de CO2”.

 

Como ciudadanos, tenemos derechos

Como votantes y consumidores, tenemos poder  

 

A las puertas del 2020, el futuro medioambiental del planeta no está escrito.

Actualmente, en lo que puede ser una cascada de sentencias favorables a la preservación del medioambiente, hay demandas similares en Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Francia, Suiza e Italia, y otras parecidas en Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda o Corea del Sur.

Estamos a tiempo, y pronto los gobiernos y las empresas que quieran pervivir en este siglo XXI se verán en la obligación de implementar las medidas imprescindibles para preservar el medioambiente.

De ese modo, no solo evitarán repercusiones legales, sino también se ganarán el respeto y la buena voluntad de los ciudadanos (consumidores y votantes).

 

 

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